Por Justicia Viva.- (*) 

El último domingo, en el programa periodístico Cuarto Poder, Vladimir Paz de la Barra, secretario de Organización y vocero político de Alianza para el Progreso, trató de minimizar los plagios de César Acuña: Tanto en en su tesis doctoral en la universidad Complutense de Madrid, como en un libro de otro autor que el candidato publicó como suyo con el Fondo Editorial de su universidad, la César Vallejo. Paz de la Barra dijo que el foco del debate público no debía concentrarse en los plagios de su líder, sino en temas trascendentes para los ciudadanos. “Mire, ¿qué es lo más preocupante para la población? Liberar a narcotraficantes. Cinco narcotraficantes o tres narcotraficantes durante cinco años [en alusión a los indultos concedidos por Alan García durante su segundo mandato]”, argumentó Paz de la Barra.

El abogado sabía de qué hablaba. Su conocimiento sobre el tema de drogas, se remonta a la década de los 80, cuando Paz de la Barra era juez.

En esos años, el Perú era el mayor abastecedor de pasta básica de cocaína para el Cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar y el clan Ochoa, principalmente. Un importante miembro de esa organización fue el colombiano Evaristo Porras Ardila, quien se mantuvo durante varios años como su lugarteniente en la ciudad de Leticia, en Colombia. Entonces, Leticia era un gran centro de acopio de cocaína y albergaba grandes laboratorios de clorificación.

Porras fue capturado por primera vez en julio de 1978 en el Perú, junto a otros tres colombianos y cuatro peruanos, con un cargamento de droga. Sin embargo, en 1981 se fugó de la cárcel simulando estar enfermo. Con la ayuda de su abogado, Vladimiro Montesinos [entonces defensor de varios narcotraficantes], Porras fingió síntomas de una apendicitis para ser llevado a un hospital en el Callao, de donde escapó.

Evaristo Porras Ardila. (Foto: Revista Cromos) 

Después de su fuga, Porras buscó refugio en Leticia. En el Perú, el proceso judicial en su contra prosiguió. La Fiscalía pidió una condena de 15 años de prisión y empezó el papeleo para su extradición desde Colombia, donde había sido capturado por segunda vez en mayo de 1984, en los operativos que lanzó el gobierno colombiano tras el asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Porras fue acusado de infiltrar dinero del narcotráfico, por encargo del Cartel de Medellín en la campaña de Lara al Congreso un año antes. Eso fue hecho sin conocimiento alguno de Lara Bonilla, con el objetivo de desacreditarlo en el momento escogido por los narcotraficantes.

Pero el proceso de extradición se frustró porque el expediente de Porras Ardila desapareció.

Hacia el año 1985, Vladimir Paz de la Barra era juez titular del Décimo Quinto Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Lima. Había ingresado muy joven al Poder Judicial, en 1978, con 26 años, y tuvo un ascenso rápido.

En diciembre de ese año, Paz de la Barra solicitó el expediente de Porras Ardila al Décimo Juzgado de Instrucción de Lima para tomar una prueba testimonial que serviría en un juicio civil de divorcio contra uno de los cómplices del narcotraficante colombiano.

Cuando el expediente llegó a su despacho, se esfumó.

El 5 de junio de 1987, la Vigésimo Segunda Fiscalía Provincial de Lima en lo penal denunció la pérdida de los documentos. Luego se determinaría que el caso de divorcio que atendió Paz de la Barra, y que fue el pretexto para pedir el expediente de Porras, era fraguado. La denunciante, así como los testigos que esta presentó no figuraban en Reniec, y tampoco era cierto su domicilio procesal. (Ver Acta de la Sala Plena de la Suprema, de febrero de 1992)

José María Aguilar, ‘Shushupe’. (Foto: La República) 

Según el testimonio de José María Aguilar ‘Shushupe’, colaborador de la DEA y trabajador de Porras Ardila entonces, fue Montesinos quien, en 1985, le entregó al narcotraficante colombiano, en Leticia, todos los documentos originales de sus procesos en el Perú.

“El doctor Montesinos llegó como abogado de este narcotraficante Evaristo Porras Ardila a la ciudad de Leticia (…) Él llegó llevando una caja de papel Suave (…) abrimos la caja y empezamos a sacar los documentos que iban, según ellos, los abogados del señor Evaristo empezaron a revisar que sean auténticos los papeles, originales. Iban documentos del Hospital Alcides Carrión, documentos de la Corte Suprema, documentos del Poder Judicial, documentos de la Fiscalía, documentos del Penal de Lurigancho, y según me di cuenta en esos documentos era todo el proceso de Evaristo Porras en el Perú. Ellos decían que se habían robado el sumario para evitar de dejar pruebas del señor Evaristo Porras en el Perú.”, narró Aguilar el 7 de febrero de 2003 en el Congreso.

Vladimiro Montesinos. (Foto: Andina) 

El 10 de noviembre de 1988, Paz de la Barra fue sancionado por la Sala Plena de la Corte Suprema con 30 días de suspensión, aunque hubo un grupo de magistrados que calificó la sanción de benevolente. Uno de ellos, el entonces juez supremo Manrique Díaz indicó que “(…) un juez en lo civil, solicite un expediente penal, es gravísimo, mucho más, si de su poder se pierde dicho expediente. Pidió para resolver un expediente sobre divorcio; esto es raro, y, grave la pérdida de ese expediente en circunstancias en que se hallaba el expediente en su poder”.

Paz de la Barra apeló esta decisión. Sin embargo, el 26 de setiembre de 1991, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia declaró por unanimidad inadmisible su pedido de reconsideración. El magistrado Juan Manuel Méndez Osborn en su intervención -que quedó registrada documentalmente- indicó que la pérdida del expediente de Porras Ardila “dio lugar a que al ser detenido este delincuente en Colombia, pese a los reiterados pedidos del gobierno colombiano no pudo lograrse su extradición porque el expediente se había perdido. En un principio Paz de la Barra negó haber firmado el oficio solicitando el expediente penal, pero frente a las evidencias tuvo que admitir tal situación, situación que ahora quiere revivir con el objeto de estar apto para postular a una Vocalía, sin tener escrúpulos para hacer desaparecer el expediente administrativo, evitando así se resuelva la reconsideración, reconsideración que por lo demás nadie conoce”.

Ese mismo año, la Fiscalía concluyó que “el expediente civil fue fraguado para lograr la desaparición del expediente penal”.

Paz de la Barra presentó una acción de amparo contra los vocales supremos que no admitieron su pedido de reconsideración. En una sesión de Pleno del 4 de febrero de 1992 los vocales manifestaron su rechazo a la demanda de Paz de la Barra.

Meses después ocurrió el autogolpe de Alberto Fujimori. Hacia fines de ese año Paz de la Barra pidió su cese como vocal provisional de la Corte Superior de Justicia de Lima y juez titular del Décimo Quinto Juzgado Civil de Lima.

Cuatro toneladas de conflicto de interés

La relación de Paz de la Barra con sucesos que involucran al narcotráfico no acabó con la pérdida del expediente de Evaristo Porras Ardila.

El 22 de abril del 2010, la Policía incautó cerca de cuatro toneladas de cocaína camufladas en noventa paquetes de fertilizante natural, que estaban en dos contenedores en el almacén aduanero de la compañía Tramarsa, en el Callao. La carga, que tenía como destino España, estaba registrada a nombre de la empresa exportadora Europa Import Export. (Ver atestado)

 Agentes de la Dirandro intervienen la carga de droga que iba con destino a España. 

Los agentes antidrogas capturaron al español Antonio Aranda Sanz y a las peruanas Bielka Galindo Zavaleta y Lucia Bravo Sarmiento. Los tres fueron encarcelados y procesados por pertenecer a una organización internacional de tráfico de drogas. (Ver auto apertorio de instrucción)

Durante el proceso, Galindo solicitó variar su mandato de detención por el de comparecencia. El pedido fue concedido por el juez Williams Zavala, del Cuarto Juzgado Penal del Callao en enero del 2011, pero apelado de inmediato por la Procuraduría y la Fiscalía.

Para esta nueva etapa, Galindo contrató los servicios del estudio Paz de la Barra, Vidurrizaga & Gazzolo Abogados, de Álvaro Paz de la Barra, hijo del entonces consejero del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Vladimir Paz de la Barra.

Álvaro Paz de la Barra trabajó la defensa del caso con otros cuatros abogados de su estudio. Uno que vale la pena mencionar es Roger Ferreira Vildózola, quien en el 2009 renunció al Poder Judicial a raíz de unos audios que se hicieron públicos en los que hablaba con Alberto Químper sobre procesos judiciales que tenía en sus manos. En el 2013, cuando ya estaba fuera del sistema judicial, el CNM lo destituyó.

Con el patrocinio del estudio de Paz de la Barra, Galindo logró que la Primera Sala del Callao con reos en cárcel confirmara el cambio de su mandato de detención. El juez a cargo del caso fue Julio Milla Aguilar.

Álvaro Paz de la Barra. (Foto: Perú 21) 

Luego de esa victoria judicial, Galindo contrató a una nueva abogada y subrogó, contra la razonable lógica del éxito, al estudio que logró confirmar su excarcelación.

En diciembre de 2011, el juez Milla se sometió al proceso de evaluación y ratificación del CNM, que determinaría su permanencia en la carrera judicial.

Uno de los consejeros que lo evaluaría sería Vladimir Paz de la Barra. Él había sido elegido como miembro del Consejo en julio de 2010. Antes de eso, Paz de la Barra litigaba como abogado al frente del ‘Estudio Vladimir Paz de la Barra & Vidurrizaga abogados’, que fundó en 1996. Cuando ingresó al CNM traspasó sus acciones a su hijo Álvaro.

En medio del proceso de ratificación de Milla, el entonces presidente del CNM, Gonzalo García Núñez, recibió una carta anónima el 29 de diciembre, con acusaciones contra varios jueces del Callao y que hacía mención al caso que había llevado hasta hace poco el estudio del hijo del consejero.

“(…) Hinostroza Pariachi – Molina Huamán [entonces jueces en el Callao], al percatarse que no lograran apoyo de los integrantes de la Primera Sala Penal del Callao, para convalidar la resolución que ilícitamente concedió el Juez Suplente Willians Zavala Mata [sic] la libertad a Bielka Milagros Galindo Zavaleta, acuerdan recurrir a uno de los miembros del CNM. Decidiendo que su estudio jurídico asuma la defensa de Galindo Zavaleta. En efecto con el voto en mayoría del Juez Superior Provisional Julio MMilla [sic] Aguilar (en ratificación), y Amelio Paucar Gómez, logran confirmar por mayoría la resolución ilícita del Juez Suplente Willians [sic] Zavala Mata (…) El Estudio Jurídico aludido asume la defensa de todos los procesados. Dejando de lado a su abogada que la asistía (…)”, indica la carta.

García Núñez le pidió sus descargos a Paz de la Barra.

En una carta del 19 de enero de 2012, dirigida a García Núñez, Paz de la Barra dijo que“(…) no tengo absolutamente nada que ver con el ejercicio de la abogacía que esté desarrollando mi citado hijo, el mismo que como profesional del Derecho, sabrá asumir, sus responsabilidades como abogado”.

El consejero, no solo no se inhibió en el caso del juez Milla, a pesar que sabía que había favorecido a la cliente de su hijo, sino que votó a favor de su ratificación tal como consta en el acta de la sesión plenaria del CNM del 20 de enero de 2012.

Vladimir Paz de la Barra. (Foto: APP)

Vladimir Paz de la Barra. (Foto: APP)

Coincidentemente, en el periodo en que Milla era evaluado, su hijo, Julio Milla Altabás, trabajó como “apoyo administrativo” en el Consejo. (Ver contratos CAS a setiembre de 2011, diciembre de 2011, marzo del 2012 y junio del 2012).

Cinco meses después de la ratificación del juez, el criterio de Paz de la Barra repentinamente cambió.

En junio del 2012, Paz de la Barra sí se inhibió en otro caso, relacionado con un juez que llevó un proceso patrocinado por uno de sus hijos. Se trata de un largo litigio que enfrentó al ministerio de Comercio Exterior y Turismo con dos empresas de tragamonedas, que en 2001 presentaron una acción de amparo en Andahuaylas para operar en todo el territorio nacional, al margen de los controles del Estado y sin pagar impuestos. Estas compañías eran representadas por Vladimir Paz Montenegro.

Vladimir Paz de la Barra dejó de lado su argumentación anterior y en una carta dirigida al entonces presidente del CNM, Gastón Soto Vallenas, dijo que “(…) en el presente caso aun cuando no existe causal de abstención, empero por razones de decoro el suscrito se abstiene de conocer el recurso extraordinario formulado por el citado magistrado, tanto más si no he sido el Consejero ponente.”

Razones de decoro que en el caso de narcotráfico, no pesaron.

IDL-Reporteros intentó entrevistar a Vladimir Paz de la Barra, a través del jefe de comunicaciones de Alianza para el Progreso, pero aquel se negó a conceder la entrevista.

(*) Editado por IDL-Reporteros

Fuente: https://idl-reporteros.pe/el-expediente-desaparecido/